La Conferencia Episcopal Española vuelve a inmiscuirse en asuntos que no le corresponden al plantear que el aborto sea considerado un delito. El Secretario General de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, ha vuelto a olvidar que el poder legislativo lo tiene el Parlamento, representante de la soberanía popular, y no la iglesia, representante de los intereses particulares, la doble moral y los privilegios de su jerarquía. ¿El aborto un delito? ¡Vuelve la Santa Inquisición! ¡Cárcel a quien ejerza un derecho! ¡Las mujeres a la hoguera!

Por desgracia, la iglesia española nos tiene acostumbrados a increíbles muestras de injerencia en los asuntos públicos. Hemos visto a obispos en manifestaciones, cada día escuchamos su griterío desde las ondas y cada domingo a sacerdotes provocando la rebelión desde sus oscuros púlpitos.

Sin embargo, gran parte de la culpa la tiene nuestro sistema democrático, que permite sin ningún tipo de escrúpulos los privilegios de esta confesión, y que les da alas para considerarse apoderados de la verdad absoluta y de la defensa de unos valores obsoletos, arcaicos y alejados de la sociedad.

El artículo 16.3 de la Constitución Española señala que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Es decir, con el fin de no molestar al clero, los padres de la Constitución no tuvieron el valor de definir España como un Estado Laico, tal y como instauró la II República, y lo dejó en un simple Estado aconfesional, con unas prerrogativas a la iglesia que se multiplican con la firma del Concordato de 1978, confirmando la primacía de la religión católica en España.

El Estado español financia a la iglesia y sostiene a su clero a cargo del erario público; ha institucionalizado la ofrenda a diferentes santos y vírgenes católicas; asiduamente observamos la participación de autoridades civiles en actos religiosos; hemos de soportar la toma de posesión de ministros delante de un crucifijo y sobre la biblia; el clero tiene privilegios jurídicos; mantenemos crucifijos en hospitales y colegios concertados...

¿Ninguna confesión tendrá carácter estatal? ¿Y esto qué es?

Y, sin embargo, los obispos se sienten discriminados, y además de criticar, pretenden convertirse en órgano legislador pidiendo la cárcel para quien ejerza su derecho a abortar.

Basta ya de injerencias de la iglesia católica sobre el Estado. Basta ya de prerrogativas, privilegios y buenas relaciones.

Ya es hora de una separación definitiva entre Iglesia y Estado; dejemos los crucifijos para el ámbito privado, e instauremos un ESTADO LAICO de una vez por todas.